Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro

Los colectivos que suscriben, representando a más de 15.000 profesionales y empresas de Canarias, han tomado la decisión de denunciar la práctica de las administraciones públicas canarias de adjudicar directamente a las empresas públicas del gobierno autónomo (Gesplán, Gestur, Visocan, etc) e incluso nacionales (como Tragsa) todo tipo de proyectos, obras y servicios. Una práctica que se ha ido extendiendo durante los últimos años impulsada por una poi ítica muy activa del gobierno de Canarias que, no solo ha trabajado para salvar los obstáculos administrativos y legales que impiden este tipo de prácticas, sino que promueve entre cabildos y ayuntamientos el recurso sistemático a sus empresas como método de ejecutar los presupuestos públicos. De este modo se pretende sortear la parálisis administrativa causada por la maraña legislativa creada en torno a la contratación pública y la desarticulación de los servicios técnicos y administrativos de las administraciones. Resulta mucho más fácil la adjudicación directa a las empresas públicas que articular unos servicios administrativos de contratación eficientes.

Esta generalización del encargo directo a las empresas públicas va en contra de los principios de la legislación en materia de contratación pública, tanto española como europea, que establecen que este tipo de adjudicaciones han de ser excepcionales, han de estar debidamente justificadas, y debe demostrarse en cada caso que es más beneficiosa para el interés público la adjudicación directa que someter el encargo a libre concurrencia en el mercado. Estas condiciones están destinadas a evitar que, sustrayendo a la libre competencia los encargos de las administraciones públicas, se dañe la eficiencia en la prestación de los trabajos y se aumente su coste.

Pese a estas restricciones legales, en Canarias las contrataciones a las empresas públicas no son excepcionales; se han producido cientos en los dos últimos años, mientras las empresas públicas incrementan exponencialmente su plantilla de personal para poder hacer frente a su creciente cartera de pedidos. De este modo, las sociedades públicas, creadas con fines legítimos como la promoción o dinamización de determinadas actividades, han ampliado paulatinamente su área de influencia hasta convertirse en "empresas de consultoría", que se financian con cargo a los presupuestos públicos y compiten en una situación de absoluto privilegio con los emprendedores privados, con la consecuente distorsión del mercado de trabajo profesional.

Tampoco estas adjudicaciones directas están justificadas por razones de interés público; al contrario, por lo general estas prácticas implican graves deterioros en la calidad de los trabajos. No se está considerando la experiencia y el buen hacer de empresas y profesionales, poniendo los encargos en manos de empresas generalistas, que aumentan su plantilla con tal rapidez que es imposible que integren a sus trabajadores con un mínimo de eficacia.

No se considera, también, el efecto que la concurrencia competitiva tiene en la obtención de las mejores ofertas; los concursos no sólo permiten seleccionar las mejores ofertas técnicas, sino también los mejores precios. En la adjudicación directa, por el contrario, las empresas públicas imponen sus tarifas y las condiciones de ejecución, que incluyen cláusulas de revisión de precios en caso de que se alarguen los plazos o surjan imprevistos, algo impensable en los contratos con empresas privadas.

De otra parte, esta práctica supone una relajación, cuando no una desaparición, del control de calidad de los proyectos y obras y de su precio, propiciada por el desmantelamiento de los servicios técnicos de la administración, llegando al extremo de que son las propias empresas, por encargo de la administración, quienes validan los trabajos que ellas mismas han realizado.

El daño al interés público que supone esta forma de actuar de las administraciones canarias se manifiesta en varios aspectos.

En primer lugar, en la disminución de la calidad de los trabajos, tanto por la desaparición del proceso competitivo como por la reducción del control de la administración sobre estas empresas, muy inferior al que se realiza sobre las privadas.

En segundo lugar, en el aumento de los precios de ejecución, también por la falta de competencia y, además, por el escaso rigor en el control de ejecución de los presupuestos.

Por último, pero no menos importante, en la destrucción del tejido empresarial canario y en la pérdida de experiencia y saber hacer que aportan las empresas privadas que son expulsadas del mercado

Reconociendo que las administraciones y organismos públicos pueden hacer una importante labor de promoción o dinamización de un sector, nos parece inaceptable que ejerzan una competencia directa y desleal frente a las empresas privadas en la prestación de servicios, en condiciones restrictivas y ventajosas, comprometiendo así inversiones y empleos ya consolidados por estas últimas.

Como consecuencia de todo lo expuesto, los colectivos que suscriben este documento reclamamos:

El fin de la práctica generalizada de las adjudicaciones directas a las empresas públicas, restringiéndolas a casos realmente justificados y necesarios.

El refuerzo de los servicios técnicos y administrativos de contratación de las administraciones, auténticos cuellos de botella de la contratación en las islas, pese al incremento que han experimentado las plantillas de las administraciones en los últimos años.

La reconsideración de la legislación en materia de contratación que, incorporando los principios básicos de fomento de la competencia, debe orientarse hacia una simplificación y racionalización de procedimientos que evite la paralización administrativa que atenaza nuestras administraciones.

Si no se adoptan con la mayor urgencia medidas que corrijan de inmediato las prácticas abusivas denunciadas, las pequeñas y medianas empresas de servicios de nuestras Islas desaparecerán a medio plazo, absorbidas por la administración pública o por empresas foráneas. Si eso ocurriera, Canarias perdería uno de los pilares básicos para el impulso de su propio desarrollo económico y social.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de mayo de 2023

Enlace al video de la firma del manifiesto y de la rueda de prensa del 04/04

Enlace al video de la mesa redonda "ESPACIOS COM-PARTIDOS"